Por Fernando Luna

El año 2020 arrojó circunstancias que afectaron gravemente a la economía, destacadamente la pandemia por COVID-19, que orilló a la gran mayoría de los países del mundo a establecer medidas de distanciamiento social y confinamiento, así como el cierre o restricción de actividades económicas “no esenciales”.

México no ha sido la excepción, y como consecuencia de lo anterior, se ha producido una reducción en la producción y demanda de bienes y servicios, lo cual ha ralentizado la actividad económica, provocando pérdida de empleos y una crisis de confianza.

En concreto, como resultado de esta crisis, el Banco de México pronostica una reducción de 8.7% en el Producto Interno Bruto al cierre de 2020, mientras que para 2021 proyecta un crecimiento de 3.8%.

Por su parte, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) sitúa esta tasa de recuperación en un 3.6%.

Es razonable pensar que la recuperación superará el 3% anual, pues los “rebotes” de las economías de todos los países así lo han demostrado a través del tiempo: toda economía que cae, vuelve a subir eventualmente.

En efecto, las estadísticas de producción y empleo de la economía mexicana ya muestran una recuperación del 12.1% a partir del tercer trimestre de 2020 en relación con el período anterior, mientras que en el mercado financiero también se percibe algo de optimismo, debido a las noticias de éxito en los ensayos de aplicación de la vacuna contra el COVID-19, así como por la reclasificación de actividades económicas esenciales y no esenciales.

Derivado de lo anterior, el gobierno federal estimó un crecimiento económico de 4.6% en la elaboración de su presupuesto 2021, lo cual resulta un tanto optimista, probablemente con base en la reciente apreciación del tipo de cambio peso-dólar y en tasas de interés atractivas, que han permitido la continuidad en el flujo de capitales.

Sin embargo, la recuperación no llegará mientras que los inversionistas nacionales no recuperen plenamente la confianza, y retomen su ritmo de inversión.

En efecto, notamos gran cautela por parte de los inversionistas nacionales, a quienes no termina de convencer el manejo de la pandemia por parte del Gobierno, al percibir en particular la falta de una adecuada estrategia de vacunación, o una efectividad tal que impida una nueva ola de contagios en lo sucesivo.

Es importante tomar en cuenta que cuando llegó la pandemia a México, padecíamos de un clima de negocios ya frenado por tres décadas de bajo crecimiento derivado de cuatro causas concretas: la alta prevalencia de monopolios y oligopolios, las altas tasas de interés, la sobrevaluación permanente del Peso y un alto costo del Gobierno Federal (que ya alcanza un 28% del PIB); todo ello en un contexto de tratados internacionales inequitativos, crédito caro y escaso, más una política de distribución fiscal injusta para los Estados más productivos.

El efecto concreto de las famosas “reformas estructurales” del período neoliberal fue incrementar las desigualdades sociales: se adoptó un “modelo maquilador” que desmanteló importantes mecanismos de seguridad social, nos abrió a la competencia internacional y sin atacar a los monopolios internos, tuvo como efecto propiciar simultáneamente la desindustrialización y la ruptura de cadenas productivas, afectando aún más al salario.

La actual crisis de salud nos encontró sin ahorros, con una clase media diezmada y un empleo precario en constante aumento, lo cual explica en parte la profundidad de la caída del 2020.

Para una rápida recuperación, proponemos medidas que restauren la confianza de los pequeños y medianos empresarios, y detonen la inversión y el empleo.

Primero que nada, es necesario que el Estado reduzca su gasto a no más del 20% del PIB, de manera gradual; segundo, que se combatan frontalmente las prácticas anticompetitivas cotidianas de tantos monopolios y oligopolios que padecemos; tercero, continuar la tendencia a la baja de las tasas de interés; cuarto, que se evite la sobrevaluación acostumbrada del Peso; quinto, que se revisen los tratados internacionales hasta alcanzar comercio justo, y por último, relanzar la banca de fomento mediante un plan de garantías, para que el crédito a las actividades productivas sea abundante y barato.

Adicionalmente, es indispensable lograr la recuperación del poder adquisitivo del salario, para lo cual también es necesario un aumento en la inversión, acompañada de una decidida estrategia para recuperar los beneficios de la seguridad social, en particular, en necesario que la política de vivienda se ejerza de manera que el trabajador obtenga una vivienda digna y de alta plusvalía, como inicio de un sólido patrimonio familiar.

Nuestro país se encuentra en un proceso de cambio. Anhelamos que este proceso conduzca a un nuevo entendimiento entre sociedad y gobierno, en el cual se logre alinear los intereses de trabajadores, emprendedores y gobernantes, de manera que todos ganen más.

La crisis de 2020 es la oportunidad de transformarnos en 2021.

*El autor es empresario y Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI).