La actividad económica de las microempresas del país —que representan más del 95 por ciento de las empresas de México con un máximo de 10 empleados, como las panaderías de propiedad familiar— se encuentra en la situación más vulnerable.

Más o menos un 13 por ciento de las microempresas afectadas por la delincuencia cancelaron sus planes de expansión, y casi un quinto recortaron los horarios de trabajo, revela un artículo del Fondo Monetario Internacional firmado por Christian Soborowski.

En el que sostiene que los costos humanos y económicos de la delincuencia en México han alcanzado máximos históricos. El año 2017 fue el más violento que se haya registrado, con más de 25.000 homicidios, un aumento de 50 por ciento desde 2015.

A todo esto se suman los costos directos. Para los hogares y las empresas, los costos directos de la delincuencia, como las medidas preventivas y las pérdidas sufridas, aumentaron a un pasmoso 2,5 por ciento del PIB en 2017.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los costos directamente relacionados con la delincuencia aumentaron de 1,1 por ciento del PIB en 2016 a 1,65 por ciento en 2017 en el caso de los hogares. Para las empresas del país, el Instituto indica que los costos totales ascendieron a 0,9 por ciento del PIB.

Las empresas más grandes tampoco están a salvo

Es cierto que la delincuencia incide desproporcionadamente en las microempresas, pero también afecta a las empresas más grandes. El ejemplo de Pemex, la gigantesca empresa estatal de petróleo y gas, ilustra cómo incluso las grandes compañías no son inmunes a los actos delictivos que perjudican las operaciones.

La empresa ha informado que el número de conexiones ilegales en sus oleoductos aumentó en un 50 por ciento en 2017, en comparación con el año anterior, y la cifra es 15 veces mayor que con respecto a 2010. Pemex estima que solo el robo de petróleo le cuesta a la empresa USD 1.600 millones al año, lo que equivale a aproximadamente 0,14 por ciento del PIB.

Estas observaciones ponen de manifiesto los enormes costos humanos y económicos provocados por la delincuencia, que siguen impidiendo el avance de México hacia los objetivos de mejores niveles de vida y niveles más bajos de pobreza y desigualdad.