OPINIÓN
Por Waldo Fernández.
Nuevo León ocupa el primer lugar en el delito de feminicidio a nivel nacional en delitos ocurridos por cada 100,000 mujeres, encontrándose por encima del promedio nacional.
Y si bien el fenómeno de asesinato no es nuevo, sí se ha agravado. Ya no es inusual saber de casos de asesinatos contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres en la entidad.
Tan sólo en lo que va del año en Nuevo León se han registrado 25 muertes violentas contra mujeres al mes de marzo de 2022 y desde el año 2017 fueron asesinadas 284 mujeres, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por otro lado, en los primeros 10 meses del 2021, suman 279 carpetas de investigación en tentativa de feminicidio en Nuevo León: es decir, por muy poco, al menos 279 mujeres sobrevivieron a un feminicidio.
Por otro lado, apenas en el mes de marzo de 2022 se iniciaron 169 carpetas de investigación en Nuevo León por el delito de violación.
Sabemos poco de las víctimas de violencia que son menores de edad. Las estadísticas que tenemos no nos permiten desagregar a las víctimas por edad y por otro lado, es común que muchos de ellos no denuncien por miedo o por desconocimiento de lo que es el abuso.
Hoy por ejemplo, tenemos casos mediáticos de personas que años, incluso décadas después del abuso, pueden nombrar lo que vivieron en su infancia. Sin embargo, si menos del 95 por ciento de las mujeres adultas denuncia su agresión, lo que provoca que estos delitos prescriban y no puedan acceder a un proceso de restauración del daño y justicia, este porcentaje incrementa para los menores.
La exigencia de nuestra sociedad es velar y garantizar la seguridad de niñas, niños y mujeres, y eso significa, por supuesto, primero prevenir que las violencias ocurra, pero también, garantizar que puedan acceder a la justicia y garantía de no repetición. La violencia sexual y la muerte violenta no pueden ni deben prescribir, porque el daño no lo hace.
Es urgente y necesario, ante lo que vive Nuevo León, promover políticas públicas en favor de quienes han sido asesinadas sólo por el hecho de ser, pero también quienes por su edad se encuentran en estado de indefensión, o no puedan reconocer una conducta delictiva.
Por ello presenté ante el Congreso de Nuevo León una iniciativa para que ni los delitos de feminicidio ni aquellos en contra de la libertad sexual y el normal desarrollo de menores de edad o personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho a resistirlo prescriban.
*El autor es diputado local de Nuevo León. waldofernandez@hcnl.gob.mx