La renuncia de dos diputados al PAN, antes de rendir protesta, la disputa por la administración de recursos y contratos, aunado a los puestos en comisiones legislativas, marcaron el inicio de la gestión trianual de la LXXIV Legislatura de Nuevo León.

Tal como ocurrió con la pasada legislatura, la primera mayoría, del Partido Acción Nacional , de nueva cuenta perdió el control administrativo del Congreso de Nuevo León, aunque ahora, ni tuvieron tiempo de paladear la miel del poder, para disponer de forma unilateral el manejo de recursos legislativos, superiores a los 200 millones de pesos por año.

Las primeras piedras en el camino para Arturo Salinas Garza, líder de la fracción del PAN, fue la renuncia de Karen Marlen Barrón Perales y Marco Antonio Martínez Díaz, quienes se erigieron como bancada Independiente y mermaron la capacidad de maniobra a los albiazules.

Era un asunto anunciado la desbandada de los legisladores, pero no hubo marcha atrás en su salida, pese a los esfuerzos hasta minutos antes de su renuncia, por parte de José Alfredo Pérez Bernal, dirigente del panismo nuevoleonés, quien tildó de traidores a los disidentes.

Con lo desbandada, la LXXIV Legislatura de Nuevo León quedó integrada por 17 diputados del PAN; 16 Diputados del PRI; tres Diputados de Movimiento Ciudadano; dos del PVEM; uno del PT y uno de Nueva Alianza Partido Político Nacional, a los que se suman los dos ex panistas, como fracción Independiente.

Pese a las renuncias de dos diputados, “seguimos siendo un grupo mayoritario”, declaró Arturo Salinas… sin imaginar que aun y con eso, le sería quitado el control administrativo del Congreso local.

Tras ser ungido como presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri), que tiene a cargo la administración operativa del Poder Legislativo, le dieron madruguete con cambios a la Ley Orgánica.

La fracción del PRI en el Congreso local, liderada por Marco Antonio González Valdez, con sus 16 legisladores y los votos del PT, Nueva Alianza e Independientes, sumaron 22 contra 17 del PAN y tres de Movimiento Ciudadano y dar el control administrativo a la segunda mayoría.

Según el punto de acuerdo aprobado, el diputado coordinador de la primera minoría, González Valdez, será el facultado a “la autorización de adquisición de bienes y contratación de servicios que excedan de 630 cuotas y hasta cinco mil cuotas, siempre y cuando esta facultad se ejerza en conjunto con algún coordinador de otro grupo legislativo”.

El coordinador del PAN, Arturo Salinas Garza aseguró que la alianza de priístas y otras fracciones pretende “agandallar” recursos del poder legislativo y sacar adelante las cuentas públicas del gobierno estatal, pendientes de aprobación en el poder legislativo.

En consolación, su propuesta para crear la denominada Comisión Anticorrupción, tuvo el consenso de todos los grupos legislativos y se convierta en una instancia dictaminadora en denuncias por irregularidades de funcionarios durante el ejercicio público.