Opinión

Por Waldo Fernández González/Colaborador Invitado

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el costo económico de la inseguridad fue de 7 mil 155 pesos por persona afectada y en el país el costo fue de 277.6 mil millones de pesos. El equivalente al 1.85 por ciento del Producto Interno Bruto.

En Nuevo León, la misma encuesta detalla que el impacto económico de la inseguridad es del 7.4 por ciento del PIB, lo equivalente a 155 mil 300 millones de pesos o un costo per cápita de 27 mil 681 pesos. Los últimos datos, sin embargo, son de 2020 por lo que ante la crisis de violencia que vive el Estado es casi seguro que el impacto económico haya sufrido un grave incremento para 2022.

Más allá del costo económico, sin duda las consecuencias más funestas de la inseguridad es que termina con la paz, la tranquilidad y el sano desarrollo de las personas. Más grave aún, lastima su vida física y mental y en el peor de los casos, les quita la vida misma.

Sin embargo, un contexto violento también afecta negativamente la inversión extranjera, incrementa los costos de operación y disminuye el número de turismo en el país. Por otro lado, implica costos económicos para las víctimas de robos patrimoniales, tanto para recuperar lo que perdieron como el gasto que tienden a hacer en medidas preventivas.

La violencia contra las mujeres, por ejemplo, no sólo implica perder un actor productivo en la sociedad, sino que las obligan a que éstas destinen parte de sus ingresos y tiempo para acceder a tratamientos médicos o psicológicos, asesoría jurídica o cualquier otro tipo de apoyo.

Las y los empresarios, grandes y chicos, también les cuesta la inseguridad. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2020, el costo de la inseguridad y la delincuencia afecta al 30.5 por ciento de las empresas en el país. La extorsión es el delito más frecuente en la industria y los servicios, mientras que el asalto y robo de dinero, mercancías y otros afecta más a los comercios.

Según el estudio de Coparmex “Data Coparmex 2.0”, Nuevo León es uno de los estados con más victimización de empresarios; se coloca dentro de los Estados con un mayor porcentaje de extorsiones telefónicas, internet o correo. El robo al transporte de carga es particularmente preocupante en el Estado.

Además de su afectación directa, para prevenir la violencia, las empresas tienden a destinar un gran porcentaje de sus recursos, que podrían utilizarlos para crecer como empresas, para contratar sistemas de prevención contra el delito o seguridad privada.

Por eso he dicho una y otra vez que al igual que las otras crisis de Nuevo León –la crisis del agua, como una de ellas– la inseguridad nos afecta a todos. De distintas maneras y en distinta medida, las violencias que experimentamos en el Estado intervienen con nuestra manera de vivir, trabajar y relacionarnos.

Por eso, por lo que hace con nuestras vidas y por el costo que implica, debemos exigir una plan claro para combatir la inseguridad en Nuevo León y no sólo esperar a que nos rescate la Federación.

*El autor es diputado local de Nuevo León.  waldofernandez@hcnl.gob.mx