*Se busca reconocer en la Constitución local dos programas sociales: “Bienestar para Niñas y Niños. Mi Beca para Empezar” y “La Escuela es Nuestra. Mejor Escuela”

El gobierno de la CDMX realizó la entrega y presentación de la iniciativa de reforma de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, que busca elevar a rango constitucional los programas sociales “Bienestar para Niñas y Niños. Mi Beca para Empezar” y “La Escuela es Nuestra Mejor Escuela” –los cuales operan desde hace tres años–, con el objetivo de ampliar los derechos en la capital, fortalecer la educación pública y apoyar la economía familiar de quienes más lo necesitan.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8, apartado A, numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, fue entregada este lunes 31 de enero al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Héctor Díaz Polanco, con el fin de que sea analizada y valorada por este órgano legislativo.

“La educación es un tema estratégico del Gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, la educación se mira como una palanca de transformación, de bienestar, de desarrollo, de ingreso y también de desarrollo de las capacidades cognitivas y culturales del conjunto de la infancia”, expresó Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno de la CDMX

Asimismo, el funcionario consideró que la transformación de programas en derechos es parte de la innovación de la Ciudad de México, ya que un derecho tiene la ventaja de la permanencia, trasciende a las administraciones y dura más que un gobierno; un derecho es de la ciudadanía y fortalece la capacidad de la sociedad de exigirle a la autoridad su cumplimiento.

Ejemplos a nivel local y federal de programas plasmados en leyes para convertirse en derechos —y no a la inversa—, dijo, son la pensión para adultos mayores, atención médica y medicamentos gratuitos, útiles y uniformes escolares, apoyo para personas con discapacidad y seguro del desempleo.

Como expresó el secretario de Gobierno, la beca “Bienestar para Niñas y Niños” está garantizada desde 2019 en la Ciudad de México en beneficio de 1.2 millones de niñas a niños, “es la única beca universal en preescolar, primaria y secundaria a nivel público que existe en el país con estas características”.

A diferencia de programas impulsados por gobiernos anteriores que solo beneficiaban a estudiantes con determinadas calificaciones, el actual gobierno parte de la premisa de que todas las niñas y niños tienen talento y es obligación del Estado estimular a todas y todos y apoyar a los más vulnerables para fortalecer la economía familiar.

Por otra parte, señaló, la iniciativa busca convertir en derecho “La Escuela es Nuestra”, programa de mantenimiento escolar menor que protege el derecho de la niñez a estudiar en un entorno físico digno. Desde hace tres años opera a fin de mejorar la infraestructura educativa en la capital, donde existen alrededor de 3 mil planteles públicos de nivel básico.

“Tiene una característica peculiar, es un programa donde madres y padres de familia deciden qué obras realizar; no lo decide el gobierno”, destacó en torno al enfoque participativo de asambleas y comités, mediante los cuales se decide de forma democrática la planeación, aplicación y distribución de los recursos destinados a cada plantel de manera anual.

La iniciativa con proyecto de decreto propone agregar dos párrafos al numeral 6, inciso A, del artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de México: “En la Ciudad de México, todas las niñas y niños inscritos en planteles públicos de educación básica, tendrán derecho a contar con una beca que se denominará Bienestar para niñas y niños”.

Asimismo: “En cada ejercicio fiscal, los planteles educativos de educación pública básica en la Ciudad de México contarán con la asignación presupuestal que determine el Congreso a fin de dignificar las condiciones de los inmuebles, misma que se ejercerá con la participación de los padres y madres de familia. El programa para el ejercicio de este derecho se denominará La Escuela es Nuestra».

Además, se busca garantizar que el monto de los recursos asignados en el presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal para el cumplimiento de estos derechos, no pueda ser disminuido, en términos reales, respecto de lo asignado en el ejercicio inmediato anterior.