Por Jorge Arturo Castillo
En México, 8.8 millones de personas viven con alguna discapacidad. En términos estrictamente
económicos, eso significa millones de personas en edad productiva con barreras estructurales para
integrarse plenamente al mercado laboral. No es un dato social: es una cifra con consecuencias
directas en productividad, consumo, gasto público y competitividad.
Cada diciembre el tema suele abordarse desde la mirada de los derechos humanos. Es correcto. Pero
desde la óptica empresarial conviene hacer otra pregunta: ¿cuánto le cuesta al país que estas
personas no puedan desplazarse con facilidad, recibir diagnósticos oportunos o acceder a servicios
especializados de salud? La respuesta no está solo en el presupuesto público, sino también en la
eficiencia de las empresas, en la rotación laboral, en el ausentismo, en los seguros, en la pérdida de
talento y en cadenas de valor truncadas.
En el caso de las enfermedades raras (EERR), el impacto económico es todavía más profundo.
Condiciones como la mucopolisacaridosis (MPS) o la acondroplasia enfrentan tres problemas
simultáneos: diagnósticos tardíos, acceso desigual a especialistas y tratamientos de alto costo. Para
las familias, esto se traduce en quiebres financieros; para las empresas, en pérdida de productividad,
incapacidades prolongadas y menor estabilidad laboral.
México ha dado pasos legales importantes. El reconocimiento de la talla baja como discapacidad y la
adopción parcial del Escalón Universal en siete estados son avances que deben reconocerse. Sin
embargo, desde la lógica de negocio siguen siendo “islas regulatorias” sin una instrumentación
homogénea que garantice operación eficiente en todo el territorio. Cuando la inclusión depende del
código postal, la competitividad también se fragmenta.
“La atención a las EERR no puede depender del lugar donde vivan los pacientes”, expresó la doctora
Juana Inés Navarrete, coordinadora de Genética de la Facultad de Medicina de la UNAM. Traducido
al lenguaje empresarial: los mercados no pueden funcionar plenamente cuando el acceso a la salud
—uno de los principales determinantes de la productividad— es irregular.
En la práctica, el diagnóstico tardío de una enfermedad rara no solo afecta al paciente. Golpea a los
centros de trabajo mediante ausencias prolongadas, afectación emocional del colaborador,
reducción del desempeño y costos indirectos en seguros, incapacidades y rotación. Desde la óptica
macroeconómica, hablamos de un problema silencioso de eficiencia sistémica.
Aquí la conversación deja de ser filantrópica y entra en el terreno de la gestión de riesgo social y
económico. Los países que han avanzado en esquemas de diagnóstico temprano, acceso a
especialistas regionales y financiamiento de tratamientos no solo reducen el gasto público a largo
plazo, sino que protegen su base productiva.

Para el sector privado, la inclusión ya no es únicamente responsabilidad social empresarial. Se ha
convertido en un componente estratégico de sostenibilidad operativa. Empresas que invierten en
entornos accesibles, programas de salud preventiva, políticas laborales incluyentes y
acompañamiento médico especializado están protegiendo su capital humano y reduciendo riesgos
financieros futuros.
El norte del país —con su vocación industrial, logística y exportadora— no es ajeno a este fenómeno.
Plantas, parques industriales, centros de distribución y oficinas siguen teniendo barreras físicas, de
transporte y de atención médica que limitan la incorporación de personas con discapacidad
calificadas. El resultado es paradójico: faltan perfiles técnicos, pero se excluyen talentos por falta de
infraestructura adaptada.
Además, cuando una familia enfrenta una enfermedad rara sin diagnóstico oportuno, el consumo se
contrae, el endeudamiento crece y la estabilidad financiera se rompe. En regiones industriales esto
también tiene efectos en cadenas productivas locales, comercio y servicios.
La inclusión, vista desde la economía, es una inversión de largo plazo. Mejora la productividad,
estabiliza el mercado laboral, reduce el gasto médico catastrófico y fortalece el consumo interno.
Excluir, en cambio, genera un costo acumulado que no aparece de inmediato en los estados
financieros, pero que termina impactando en crecimiento, recaudación y competitividad.
No basta con conmemorar. Para el sector empresarial, la inclusión ya es una ecuación de costo-
beneficio. Y en esa ecuación, seguir postergándola resulta cada vez más caro.
Sala de Espera
• Dormir mal no es solo un problema de confort: es un factor que incide directamente en la
salud y en el rendimiento laboral. En México, una proporción significativa de adultos podría
vivir con apnea obstructiva del sueño sin diagnóstico, normalizando el cansancio
permanente, la baja concentración y la disminución del desempeño, cuando en realidad
enfrenta un trastorno con efectos cardiovasculares, metabólicos y cognitivos que impactan la
productividad de manera silenciosa.
• La atención oportuna de este padecimiento mediante terapias que favorecen una ventilación
adecuada durante el sueño, junto con ajustes en hábitos de vida —control de peso,
reducción del consumo de alcohol y mejora en la higiene del sueño— permite recuperar la
capacidad de descanso, reducir la somnolencia diurna y disminuir riesgos clínicos. Dormir
bien deja así de ser un tema individual para convertirse en una inversión preventiva con
efectos directos en salud, desempeño y eficiencia económica.