La suspensión de las actividades no esenciales decretada por  el Consejo de Salubridad General, aunque necesaria es también un reto que ha generado graves afectaciones económicas en el país, lo que impide el desarrollo habitual del sector mercantil.

Muchos establecimientos han tenido que cerrar con la afectación económica que esto representa para sus propietarios y trabajadores.

Entre otras situaciones que este panorama genera, están las dudas sobre el pago de contratos por el arrendamiento de inmuebles en los que se encuentran dichos establecimientos. La crisis sanitaria imposibilita el pago de rentas puntuales, pero también persiste el problema de la suspensión de    empleos o el recorte de salarios, y ante un escenario de tiempo aún muy incierto.

Y por el lado de quienes rentan los locales, también hay afectación, pues al no recibir el pago de sus rentas en tiempo y forma, su estabilidad económica y familiar son vulnerables, y se crea lo que se conoce como “cadena de pagos”.

Ante este marco, el senador Ricardo Monreal trabaja ya una iniciativa que establece que en caso de que una emergencia sanitaria que impida total o parcialmente el uso o goce de un bien arrendado, exista la posibilidad de acordar la exención del pago o la reducción del monto que inicialmente se pactó.

Si bien el Código Civil Federal prevé escenarios de reducción de pagos cuando hay imposibilidad total o parcial del disfrute del bien arrendado por lo que se conoce como “caso fortuito o fuerza mayor”, frente a una emergencia sanitaria como la que se vive en la actualidad, lo ideal es la protección de quien renta y el arrendador.

Así se respalda la certidumbre jurídica ante esta clase de emergencias sanitarias, y da a las partes la posibilidad de generar acuerdos de acuerdo a cómo se presenten las condiciones económicas, velando siempre por el bienestar de los mexicanos.