En el norte hay una regla no escrita: si cambias las reglas del juego, avisa. Y si no es ley, no lo hagas parecer ley.

Hoy, el mercado inmobiliario en México —y particularmente en plazas dinámicas como Monterrey— empieza a resentir algo que no debería existir: incertidumbre administrativa.

Sin duda, el origen es técnico, pero el impacto es completamente económico. Desde febrero, el Infonavit está aplicando un criterio interno —la Nota Operativa 05/2025— que en los hechos está frenando operaciones inmobiliarias legítimas cuando intervienen poderes notariales.

No es reforma. No es ley. No es reglamento.

Es un lineamiento interno que, en la práctica, está cambiando las reglas del mercado. Y ahí es donde empieza el problema.

El mercado no se detiene por leyes… se detiene por incertidumbre. En ciudades como Monterrey, donde el dinamismo inmobiliario es parte del motor económico —desde vivienda media hasta desarrollos industriales—, cualquier fricción operativa tiene efectos inmediatos.

Hoy ya se reportan operaciones detenidas, cierres pospuestos y costos adicionales que nadie tenía presupuestados.

¿La razón? El rechazo de trámites realizados mediante apoderados legales, aun cuando los poderes notariales cumplen con todos los requisitos de ley.

Traducido a lenguaje de negocio: activos detenidos, flujo frenado y capital en pausa.

Y eso, en cualquier mercado, es mala señal. Cuando una circular empieza a pesar más que la ley El punto de fondo no es operativo, es estructural.

Especialistas advierten que este criterio podría vulnerar principios básicos como la seguridad jurídica y la legalidad. Dicho simple: una disposición interna estaría limitando derechos que la ley sí reconoce.

En un entorno de inversión, eso prende focos rojos. Porque si un criterio administrativo puede invalidar actos jurídicos válidos, entonces la certeza deja de ser garantía y se vuelve variable.

Y ningún inversionista —ni local ni extranjero— toma decisiones en un terreno así.

El tema de la CLABE: un riesgo innecesario A esto se suma otro frente delicado: la exigencia de incluir la CLABE interbancaria en instrumentos notariales.

Más allá de la intención operativa, el tema abre preguntas serias en materia de protección de datos y secreto bancario. En el ecosistema financiero, ese tipo de decisiones no son menores. Son señales.

El costo real: confianza. Por supuesto, el impacto ya no es hipotético. Empieza a sentirse en notarías, desarrolladores, intermediarios financieros y, por supuesto, en los usuarios.

Pero el costo más importante no está en los trámites detenidos. Está en la confianza. Porque cuando el mercado percibe que las reglas pueden cambiar sin sustento legal, lo que se frena no es una operación… es la toma de decisiones. La línea que no se debe cruzar

El Infonavit es un actor clave en el sistema económico del país. Por lo mismo, su operación debe ser predecible, clara y jurídicamente sólida.

Los poderes notariales siguen siendo válidos. La ley no ha cambiado. Y en un país que busca atraer inversión, fortalecer su mercado interno y consolidar su sistema de vivienda, hay una línea que no se debe cruzar: ninguna circular administrativa puede estar por encima de la ley.

Porque cuando eso ocurre, el problema deja de ser jurídico. Se vuelve económico.