
Columna Mundo Farma
*La incorporación del primer tratamiento específico para la acondroplasia al sistema público de salud abre una discusión que trasciende la medicina: cómo financiar la innovación sin perder de vista el retorno social y económico de cada peso invertido.
Por Jorge Arturo Castillo
Sin duda, la incorporación de la vosoritida al Compendio Nacional de Insumos para la Salud, formalizada el pasado 3 de julio, representa uno de los movimientos más relevantes de la política sanitaria mexicana en los últimos años. No solo porque incorpora por primera vez al sistema público un tratamiento específico para la acondroplasia, sino porque coloca sobre la mesa una discusión que también compete a economistas, administradores públicos y empresarios: ¿cómo debe medirse el costo real de la innovación en salud?
Durante décadas, la conversación sobre medicamentos biotecnológicos se ha concentrado en su precio de adquisición. Sin embargo, esa visión resulta cada vez más limitada. La economía de la salud plantea una pregunta distinta: ¿qué cuesta más para el Estado, incorporar una terapia innovadora o asumir durante años las consecuencias médicas, sociales y económicas de no hacerlo?
Por ello, la vosoritida constituye un buen ejemplo de ese dilema. Se trata del primer tratamiento diseñado específicamente para la acondroplasia, la forma más frecuente de talla baja de origen genético. Su objetivo no es únicamente favorecer el crecimiento lineal de niñas y niños con esta condición; también busca modificar la evolución clínica de una enfermedad que suele asociarse con complicaciones ortopédicas, neurológicas y respiratorias que pueden acompañar al paciente durante buena parte de su vida.
El tiempo, factor determinante
Como explicó durante la conferencia de prensa de esta incorporación la Dra. Juana Inés Navarrete Contreras, coordinadora del Departamento de Genética de la Facultad de Medicina de la UNAM, la eficacia de la vosoritida depende de iniciar el tratamiento mientras las placas de crecimiento permanecen activas. Esa característica convierte al tiempo en un factor determinante, no sólo desde el punto de vista clínico, sino también económico, porque cada retraso disminuye la posibilidad de obtener el máximo beneficio de la inversión pública.
Aquí aparece un elemento que cambia por completo la lógica económica de esta decisión: el tiempo. A diferencia de otros tratamientos, la eficacia de la vosoritida depende de que sea administrada mientras las placas de crecimiento permanecen activas.
Una vez cerrada esa ventana biológica, la oportunidad terapéutica disminuye considerablemente. En otras palabras, el retraso administrativo también tiene un costo clínico, y ese costo termina reflejándose en mayores presiones financieras para el sistema de salud.
La publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la Federación resolvió una parte del problema, pero no la más compleja. Corresponde ahora al IMSS, al ISSSTE y al IMSS-Bienestar traducir esa decisión regulatoria en procesos eficientes de licitación, adquisición, distribución hospitalaria y acceso efectivo para los pacientes. La experiencia demuestra que entre la autorización de una tecnología médica y su disponibilidad en una unidad hospitalaria puede existir una brecha considerable.
Mayor carga económica
Desde una perspectiva económica, esa brecha representa mucho más que un retraso operativo. Cada mes que transcurre sin diagnóstico oportuno o sin acceso al tratamiento reduce el potencial beneficio clínico y, al mismo tiempo, incrementa la probabilidad de mayores costos futuros derivados de cirugías, hospitalizaciones, rehabilitación y atención especializada. A ello se suman costos indirectos que rara vez aparecen en los presupuestos institucionales: ausentismo laboral de padres y cuidadores, pérdida de productividad y una mayor carga económica para las familias.
Así, la discusión adquiere especial relevancia para entidades como Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua, donde la competitividad económica depende, entre otros factores, de la fortaleza del capital humano y de la eficiencia con que se administran los recursos públicos. En regiones con una intensa actividad industrial, las decisiones en materia de salud también forman parte de la ecuación de productividad y desarrollo.
De esta manera, la incorporación de la vosoritida debería entenderse como algo más que la aprobación de un nuevo medicamento. También representa una oportunidad para fortalecer los procesos de diagnóstico temprano, consolidar evaluaciones de tecnologías sanitarias más rigurosas y mejorar la planeación presupuestaria de terapias de alta especialidad. Sin esos componentes, incluso la innovación con mayor respaldo científico corre el riesgo de generar un rendimiento social inferior al esperado.
Alternativa terapéutica
Recordemos que la aprobación de este tratamiento fue impulsada durante años por especialistas, organizaciones de pacientes y familias que insistieron en la necesidad de incorporar una alternativa terapéutica al sistema público. Ese esfuerzo colectivo consiguió superar la etapa regulatoria. Ahora comienza una fase mucho más exigente: demostrar que las instituciones tienen la capacidad de convertir una decisión administrativa en acceso efectivo y oportuno para quienes realmente la necesitan.
En los próximos años, México enfrentará un número creciente de terapias innovadoras dirigidas a enfermedades poco frecuentes y padecimientos complejos. La discusión ya no podrá limitarse a cuánto cuesta comprar un medicamento. El verdadero reto consistirá en construir modelos de financiamiento capaces de distinguir entre gasto e inversión. Porque, en economía, el tiempo tiene un precio. En salud, además, puede definir la diferencia entre aprovechar una oportunidad terapéutica o asumir durante décadas el costo de haber llegado demasiado tarde.
Pulso Regio
La verdadera innovación no comienza cuando un medicamento es aprobado, sino cuando el sistema tiene la capacidad de hacerlo llegar a quien lo necesita en el momento oportuno. En términos económicos, el costo más alto no siempre aparece en una licitación, sino en las oportunidades perdidas por decisiones tardías. La eficiencia del gasto público también se mide por su capacidad para anticiparse al problema, no solo para reaccionar ante él.




