EMPRESAS MONTERREY.- Los organismos empresariales y de la sociedad civil (CAINTRA, CANACO Monterrey, CANADEVI Nuevo León, CAPROBI, COPARMEX Nuevo León, CONSEJO CÍVICO e INDEX Nuevo león) expresamos nuestra preocupación y desacuerdo respecto a la iniciativa que se discutirá en el Congreso del Estado que propone ampliar de 30 a 180 días el periodo durante el cual el Gobernador del Estado podría separarse de su cargo mediante simple aviso al Congreso, sin solicitar licencia.
A través de un comunicado, el sector privado fijó su posicionamiento y consideraron que una separación de hasta seis meses resulta excesiva e innecesaria, particularmente cuando la legislación vigente ya contempla mecanismos institucionales para atender separaciones prolongadas del cargo mediante la intervención del Poder Legislativo.
Los organismos intermedios del sector privado compartimos el objetivo de fortalecer la capacidad de gestión del Estado y promover una mayor vinculación nacional e internacional para atraer inversión, generar empleo, elevar la competitividad, fortalecer las condiciones que favorecen el desarrollo social, la participación ciudadana y la confianza en las instituciones de Nuevo León.
Asimismo, sostienen que consideran que estos objetivos deben alcanzarse sin comprometer los principios de gobernabilidad, certeza jurídica, rendición de cuentas y equilibrio de poderes que han sido fundamentales para el desarrollo de nuestra entidad.
“Nos preocupa que estas modificaciones, al no estar fundamentadas en evidencia técnica y referencias nacionales o internacionales, respondan a intereses partidistas rumbo al proceso electoral 2026-2027 en nuestro Estado. La posibilidad de que las obligaciones y responsabilidades del Ejecutivo sean ejercidas durante periodos prolongados por una persona no electa por la ciudadanía puede generar incertidumbre institucional en momentos que demandan liderazgo, coordinación y plena responsabilidad política”, destacan en el comunicado.
Adicionalmente, argumentan que esa iniciativa no acredita la necesidad de ampliar el plazo que actualmente contempla nuestra Constitución, para la atracción de inversiones, el desarrollo económico o la representación de Nuevo León en el ámbito nacional e internacional.
“Una reforma electoral exige un análisis técnico riguroso, debate público abierto y la participación de especialistas independientes; no puede ni debe realizarse de manera acelerada. Las decisiones apresuradas, sin evidencia técnica y sin espacios de deliberación accesibles a la sociedad, ponen en riesgo la calidad de las soluciones y la confianza ciudadana en los procesos electorales de Nuevo León”, advierten.
Además, expresaron que “desde el sector privado y social de Nuevo León creemos que las reglas del juego democrático deben diseñarse para fortalecer la gobernabilidad y la legitimidad de las instituciones y no para generar incertidumbre o desconfianza en la ciudadanía”,
Para el sector empresarial, Nuevo León requiere un gobierno eficaz, cercano y de tiempo completo, así como instituciones sólidas, predecibles y sujetas a mecanismos claros de supervisión democrática.
“Por ello, hacemos un llamado a los 42 diputados de nuestro Congreso a que esta iniciativa no se apruebe, con el propósito de preservar la estabilidad institucional, la gobernabilidad, el equilibrio de poderes, la confianza ciudadana y la competitividad que distinguen a nuestro estado”, exigen los organismos de la iniciativa privada de Nuevo León.
